Las vacantes que dejan los profesores jubilados de las universidades públicas e instituciones de educación superior no son reemplazadas.
Organización Editorial Mexicana
30 de abril de 2012
Guillermo Ríos / El Sol de México
Ciudad de México.- La enorme carga financiera que para las universidades públicas e instituciones de educación superior (IES) del país representan las jubilaciones de su personal, ha llegado al grado de que cuando un profesor se jubila, congelan la plaza porque no existen recursos para pagar la jubilación por un lado, y para traer uno nuevo.
Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que el pasivo de 28 universidades públicas del país por concepto de pensiones y jubilaciones, que asciende a 496 mil 392.2 millones de pesos, "puede poner en riesgo la calidad educativa y el desarrollo de planes académicos y de investigación".
Y es que de acuerdo con el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, el monto es 22.4 por ciento más a lo registrado hace una década y equivale al presupuesto que en conjunto se otorgó para 2012 a las secretarías de Educación, Salud, Desarrollo Social y de Seguridad Pública, o bien, para financiar a los 300 mil estudiantes, académicos e investigadores de la UNAM durante 16 años.
El informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, advirtió que esta situación se presenta aun cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) emprendió desde 2001, junto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), reformas contractuales con los sindicatos para enfrentar esa situación.
Para ello, se encargó a la consultoría "Valuaciones Actuariales, S. C.", del actuario Francisco Miguel Aguirre Farías, realizar un estudio minucioso del Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (FAREUPE), con el propósito de abatir los pasivos contingentes derivados de pensiones y jubilaciones.
En la evaluación, hecha por la consultoría externa, se señaló que los sistemas de pensiones universitarios no se apegaban a la definición de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo en el sentido de que "es la protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte", pues otorgaban pensiones por jubilación a edades sumamente jóvenes (40 o 45 años) en la plenitud de la capacidad laboral, es decir, se otorgaban pensiones a quienes no requerían de ellas".
Por otro lado, en muchas universidades se requería de una antigüedad mínima para otorgar una pensión por muerte o invalidez, por lo que existen casos en los que, al no cumplir con dicha antigüedad se deja en el desamparo a viudas, huérfanos e inhabilitados que si requerían de la pensión.
En el año 2002, una vez que se logró contar con información actuarial confiable, comparable y consolidada, se efectuaron negociaciones con la Cámara de Diputados con el objeto de que se asignaran recursos que serían distribuidos entre las Universidades que lograrán reformas irrevocables a sus sistemas de pensiones.
Las reformas debían dar mayor viabilidad financiera a dichos sistemas de seguridad social.
Durante el periodo 2002-2009 la Secretaria de Educación Pública ha destinado recursos por la cantidad de siete mil 173.2 millones de pesos, para apoyar reformas a los beneficios que las IES otorgan a sus trabajadores; la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, mil 200 millones de pesos para el apoyo de proyectos de esta naturaleza.
Estos recursos han incentivado a autoridades y trabajadores universitarios para negociar reformas con un alto costo político tanto para los primeros como para los líderes sindicales de los segundos. El número de reformas ha ido en aumento e incluso en los últimos años se han concretado reformas de segunda y tercera generación.
La evaluación externa del actuario Aguirre Farías asegura que para evitar la descapitalización en cada uno de los sistemas de pensiones de los trabajadores universitarios, existen solamente dos opciones: incrementar las aportaciones (ingresos) y/o modificar el diseño de prestaciones (egresos). Para éste último, es necesario considerar de manera independiente a tres grupos de derechohabientes: pensionados, activos y nuevas generaciones.
Por último, en el documento se señaló que es un gran logro que los recursos del FAREUPE distribuidos hasta ahora por un total de siete mil 173.2 millones de pesos, han generado ahorros a valor presente por 335 mil 980.5 millones de pesos. Es decir, por cada peso distribuido se han generado, por concepto de reformas a los sistemas de pensiones 46.84 pesos de ahorro para las universidades.
Ciudad de México.- La enorme carga financiera que para las universidades públicas e instituciones de educación superior (IES) del país representan las jubilaciones de su personal, ha llegado al grado de que cuando un profesor se jubila, congelan la plaza porque no existen recursos para pagar la jubilación por un lado, y para traer uno nuevo.
Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que el pasivo de 28 universidades públicas del país por concepto de pensiones y jubilaciones, que asciende a 496 mil 392.2 millones de pesos, "puede poner en riesgo la calidad educativa y el desarrollo de planes académicos y de investigación".
Y es que de acuerdo con el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, el monto es 22.4 por ciento más a lo registrado hace una década y equivale al presupuesto que en conjunto se otorgó para 2012 a las secretarías de Educación, Salud, Desarrollo Social y de Seguridad Pública, o bien, para financiar a los 300 mil estudiantes, académicos e investigadores de la UNAM durante 16 años.
El informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, advirtió que esta situación se presenta aun cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) emprendió desde 2001, junto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), reformas contractuales con los sindicatos para enfrentar esa situación.
Para ello, se encargó a la consultoría "Valuaciones Actuariales, S. C.", del actuario Francisco Miguel Aguirre Farías, realizar un estudio minucioso del Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (FAREUPE), con el propósito de abatir los pasivos contingentes derivados de pensiones y jubilaciones.
En la evaluación, hecha por la consultoría externa, se señaló que los sistemas de pensiones universitarios no se apegaban a la definición de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo en el sentido de que "es la protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte", pues otorgaban pensiones por jubilación a edades sumamente jóvenes (40 o 45 años) en la plenitud de la capacidad laboral, es decir, se otorgaban pensiones a quienes no requerían de ellas".
Por otro lado, en muchas universidades se requería de una antigüedad mínima para otorgar una pensión por muerte o invalidez, por lo que existen casos en los que, al no cumplir con dicha antigüedad se deja en el desamparo a viudas, huérfanos e inhabilitados que si requerían de la pensión.
En el año 2002, una vez que se logró contar con información actuarial confiable, comparable y consolidada, se efectuaron negociaciones con la Cámara de Diputados con el objeto de que se asignaran recursos que serían distribuidos entre las Universidades que lograrán reformas irrevocables a sus sistemas de pensiones.
Las reformas debían dar mayor viabilidad financiera a dichos sistemas de seguridad social.
Durante el periodo 2002-2009 la Secretaria de Educación Pública ha destinado recursos por la cantidad de siete mil 173.2 millones de pesos, para apoyar reformas a los beneficios que las IES otorgan a sus trabajadores; la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, mil 200 millones de pesos para el apoyo de proyectos de esta naturaleza.
Estos recursos han incentivado a autoridades y trabajadores universitarios para negociar reformas con un alto costo político tanto para los primeros como para los líderes sindicales de los segundos. El número de reformas ha ido en aumento e incluso en los últimos años se han concretado reformas de segunda y tercera generación.
La evaluación externa del actuario Aguirre Farías asegura que para evitar la descapitalización en cada uno de los sistemas de pensiones de los trabajadores universitarios, existen solamente dos opciones: incrementar las aportaciones (ingresos) y/o modificar el diseño de prestaciones (egresos). Para éste último, es necesario considerar de manera independiente a tres grupos de derechohabientes: pensionados, activos y nuevas generaciones.
Por último, en el documento se señaló que es un gran logro que los recursos del FAREUPE distribuidos hasta ahora por un total de siete mil 173.2 millones de pesos, han generado ahorros a valor presente por 335 mil 980.5 millones de pesos. Es decir, por cada peso distribuido se han generado, por concepto de reformas a los sistemas de pensiones 46.84 pesos de ahorro para las universidades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario