El Diario | 28-04-2012 | 21:22
Otra vez el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pretende someter al Gobierno federal y hacer valer su posición como órgano rector de facto en materia educativa al negarse a que los maestros sean evaluados.
El país entero atestigua nuevamente la influencia nociva que la maestra Elba Esther Gordillo representa para la educación, luego de que la también dueña del Partido Nueva Alianza (Panal) propuso durante el último Consejo Nacional del SNTE, oponerse a la aplicación de la Evaluación Universal Docente, que conforme a un acuerdo previamente firmado por el sindicato y la Secretaría de Educación Pública (SEP) está programada para el 24 de junio.
El acuerdo fue firmado por el SNTE y el presidente Felipe Calderón desde mayo de 2011 y establece que los resultados de la evaluación serán considerados, igual que los indicadores de la prueba de Enlace, para acreditar los factores del Programa de Carrera Magisterial y por lo tanto repercutirán en los ingresos de los docentes.
La Secretaría de Educación Pública diseñó el instrumento de evaluación diagnóstica para capacitar a los maestros –de primaria en una primera etapa– en función de los resultados de la prueba, programando lo que llama “trayectos formativos” con diferentes cursos.
El calendario es clave porque se pretende arrancar con la capacitación en el ciclo escolar que iniciará en septiembre de este año y extender el programa para los maestros de secundaria en 2013, y en 2014 para los educadores de preescolar y escuelas especiales.
El objetivo planteado por la SEP es mejorar el desempeño académico de los maestros y su resultado con los alumnos a partir de conocer en dónde están sus debilidades y detectar además si hay congruencia entre los cursos que se ofrecen y los requerimientos de los docentes.
Sin embargo, el SNTE se niega hoy a cumplir el acuerdo argumentando que los maestros no han sido suficientemente informados sobre la Evaluación Universal (aunque se les entregaron informes desde el año pasado) y que no hay condiciones para implementar los procesos pactados con anterioridad, al menos no antes de julio de este año.
Además el sindicato se niega a generalizar la aplicación del examen para todo el profesorado, intentando restringir el diagnóstico a quienes estén inscritos en el Programa de Carrera Magisterial.
Coincidentemente, la negativa del SNTE se da justo en medio de las campañas políticas, coyunturas que la maestra Elba Esther Gordillo siempre ha aprovechado para obtener beneficios personales, para su gremio y hasta para su familia.
Ex priísta que se encumbró en el SNTE bajo el impulso de Carlos Salinas de Gortari, la maestra Gordillo operó en la elección de 2006 a favor del panista Felipe Calderón, lo que le permitió obtener una cuota de poder que no sólo le restó a la administración margen de maniobra sino que al final de cuentas se convirtió en freno a cualquier reforma estructural y mantuvo intocada la influencia del gremio magisterial en detrimento de la calidad educativa.
Distintivo de esos ignominiosos acuerdos fue la entrega que el Gobierno calderonista hizo a la presidenta vitalicia del SNTE de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, cargo que ocupó su yerno Fernando González hasta marzo de este año, cuando brincó por impulso de la misma Gordillo a la candidatura por el Senado en Sinaloa bajo las siglas del Panal.
Veleta en medio de una política de mercado, el partido de la maestra acompañó en 2011 en la derrota al PAN y Luisa María Calderón en Michoacán y después intentó maximizar sus rentas electorales en una pretendida alianza con el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las elecciones federales del 1 de julio de este año.
El entonces dirigente nacional del PRI, el también profesor Humberto Moreira fue clave por su cercanía con Gordillo para construir los primeros acuerdos, cuando ésta había coqueteado previamente con actores de otros partidos que vivían sus procesos de definición interna, ofreciendo la fuerza electoral del magisterio como mercancía al mejor postor.
A punto de registrar candidaturas ante el Instituto Federal Electoral, los acuerdos con el equipo del priísta Enrique Peña Nieto tronaron porque la profesora pretendía demasiadas candidaturas para sus allegados (tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados) lo que impidió en varios estados negociar espacios con otros grupos priístas que reclamaban su inclusión al proyecto peñista.
Finalmente, el Partido Nueva Alianza cuya dirigencia formal depositó la maestra Gordillo en una de sus hijas (la secretaria general Mónica Arriola Gordillo) se quedó solo y tanto en la elección presidencial como en la contienda por escaños para el Congreso de la Unión deberá probar el tamaño real de su fuerza electoral.
Sin embargo, en esta coyuntura crucial sobre el futuro de ese brazo operador y de la cabeza de la propia lideresa (las encuestas le dan al Panal y a su candidato presidencial entre 1 y 2 puntos porcentuales, cifra esta última marcada por la ley electoral como umbral mínimo para que un partido conserve su registro) el programa por la calidad de la educación permanece como rehén de los apetitos políticos de la Gordillo.
Nadie quiere molestar al sindicato magisterial, paradigmático monstruo concebido en el esquema corporativista que ha sido uno de los mayores lastres para el país, al soportar un régimen laboral de privilegio, corrupción e ineficiencia a costa del erario y en demérito de una profesión que debiera ser puntal para el desarrollo social y económico de México.
Lo lamentable es que los demás actores políticos entren al juego de la dirigente del SNTE cuando debería aprovecharse el momento para sepultar su influencia y las dañinas prácticas que representa, precisamente porque está debilitada su fuerza y en duda la posibilidad de control electoral como contraprestación a las dádivas típicas del corporativismo.
Ya el presidente Felipe Calderón manifestó su deseo por la jubilación política de la maestra por lo que mal haría su administración en ayudarle a congraciarse con su gremio, cediendo a la pretensión de aplazar o cancelar los procesos de evaluación de docentes.
Es la hora de poner freno a los chantajes. En algunas partes del país, el sindicato de maestros ha llegado al absurdo de acompañar su demanda contra las políticas de evaluación, con la exigencia y la protesta pública para que el jubilado pueda heredar su plaza a quien él quiera.
La coyuntura política no debe dar espacio a la claudicación de potestades e iniciativas que busquen la mejora en la educación, tarea impensable sin indicadores que midan los procesos de aprendizaje, tanto en alumnos como en maestros.
En la contienda presidencial los candidatos en general se han manifestado a favor de la Evaluación Universal, aunque no todos con la misma contundencia.
Así lo consideró la organización “Mexicanos Primero”, instancia que ubicó a Josefina Vázquez Mota, la candidata panista que a su paso por la Secretaría de Educación Pública tuvo roces con Elba Esther Gordillo, como la más contundente en su postura a favor del programa.
En tanto, Enrique Peña Nieto, abanderado de la coalición Compromiso por México (que aglutina al PRI y al PVEM), ha cuidado, según esa organización “no irse a pelear con los maestros por su posición de delantera” aunque sí dijo estar a favor de implementar mecanismos que mejoren la calidad de la educación.
El candidato de Nueva Alianza, Gabriel Quadri, tomó posición del “sí pero con las condiciones que establece el sindicato”, mientras que el aspirante de la alianza Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó “a favor de la Evaluación Universal y pidiendo un instituto autónomo para hacerlo”.
En ningún frente puede admitirse la tibieza para que el Estado recupere la rectoría en la educación ni tampoco es aceptable que el actuar en ese sentido esté condicionado al mero cálculo de una renta electoral para determinado partido.
En el escenario nacional hay condiciones para que las principales fuerzas y figuras políticas en contienda cierren filas a favor de la calidad educativa y tomen distancia de cualquier componenda o temor vinculado al ejercicio de poder de la maestra Gordillo.
Los electores y en general los ciudadanos de todo el país, hartos de que la grilla, la simulación, el conformismo, la protesta callejera o la comisión de tipo electoral se privilegien desde el SNTE y sus liderazgos en lugar de la práctica docente comprometida, seguramente valorarán un posicionamiento más decidido de todos.
No debe haber lugar para medias tintas cuando está en juego la construcción de una ciudadanía que se cultiva de manera especial en el aula –en complemento con la educación recibida en casa– y que es condición indispensable para que el país deje atrás sus atávicos rezagos.
El acuerdo fue firmado por el SNTE y el presidente Felipe Calderón desde mayo de 2011 y establece que los resultados de la evaluación serán considerados, igual que los indicadores de la prueba de Enlace, para acreditar los factores del Programa de Carrera Magisterial y por lo tanto repercutirán en los ingresos de los docentes.
La Secretaría de Educación Pública diseñó el instrumento de evaluación diagnóstica para capacitar a los maestros –de primaria en una primera etapa– en función de los resultados de la prueba, programando lo que llama “trayectos formativos” con diferentes cursos.
El calendario es clave porque se pretende arrancar con la capacitación en el ciclo escolar que iniciará en septiembre de este año y extender el programa para los maestros de secundaria en 2013, y en 2014 para los educadores de preescolar y escuelas especiales.
El objetivo planteado por la SEP es mejorar el desempeño académico de los maestros y su resultado con los alumnos a partir de conocer en dónde están sus debilidades y detectar además si hay congruencia entre los cursos que se ofrecen y los requerimientos de los docentes.
Sin embargo, el SNTE se niega hoy a cumplir el acuerdo argumentando que los maestros no han sido suficientemente informados sobre la Evaluación Universal (aunque se les entregaron informes desde el año pasado) y que no hay condiciones para implementar los procesos pactados con anterioridad, al menos no antes de julio de este año.
Además el sindicato se niega a generalizar la aplicación del examen para todo el profesorado, intentando restringir el diagnóstico a quienes estén inscritos en el Programa de Carrera Magisterial.
Coincidentemente, la negativa del SNTE se da justo en medio de las campañas políticas, coyunturas que la maestra Elba Esther Gordillo siempre ha aprovechado para obtener beneficios personales, para su gremio y hasta para su familia.
Ex priísta que se encumbró en el SNTE bajo el impulso de Carlos Salinas de Gortari, la maestra Gordillo operó en la elección de 2006 a favor del panista Felipe Calderón, lo que le permitió obtener una cuota de poder que no sólo le restó a la administración margen de maniobra sino que al final de cuentas se convirtió en freno a cualquier reforma estructural y mantuvo intocada la influencia del gremio magisterial en detrimento de la calidad educativa.
Distintivo de esos ignominiosos acuerdos fue la entrega que el Gobierno calderonista hizo a la presidenta vitalicia del SNTE de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, cargo que ocupó su yerno Fernando González hasta marzo de este año, cuando brincó por impulso de la misma Gordillo a la candidatura por el Senado en Sinaloa bajo las siglas del Panal.
Veleta en medio de una política de mercado, el partido de la maestra acompañó en 2011 en la derrota al PAN y Luisa María Calderón en Michoacán y después intentó maximizar sus rentas electorales en una pretendida alianza con el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las elecciones federales del 1 de julio de este año.
El entonces dirigente nacional del PRI, el también profesor Humberto Moreira fue clave por su cercanía con Gordillo para construir los primeros acuerdos, cuando ésta había coqueteado previamente con actores de otros partidos que vivían sus procesos de definición interna, ofreciendo la fuerza electoral del magisterio como mercancía al mejor postor.
A punto de registrar candidaturas ante el Instituto Federal Electoral, los acuerdos con el equipo del priísta Enrique Peña Nieto tronaron porque la profesora pretendía demasiadas candidaturas para sus allegados (tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados) lo que impidió en varios estados negociar espacios con otros grupos priístas que reclamaban su inclusión al proyecto peñista.
Finalmente, el Partido Nueva Alianza cuya dirigencia formal depositó la maestra Gordillo en una de sus hijas (la secretaria general Mónica Arriola Gordillo) se quedó solo y tanto en la elección presidencial como en la contienda por escaños para el Congreso de la Unión deberá probar el tamaño real de su fuerza electoral.
Sin embargo, en esta coyuntura crucial sobre el futuro de ese brazo operador y de la cabeza de la propia lideresa (las encuestas le dan al Panal y a su candidato presidencial entre 1 y 2 puntos porcentuales, cifra esta última marcada por la ley electoral como umbral mínimo para que un partido conserve su registro) el programa por la calidad de la educación permanece como rehén de los apetitos políticos de la Gordillo.
Nadie quiere molestar al sindicato magisterial, paradigmático monstruo concebido en el esquema corporativista que ha sido uno de los mayores lastres para el país, al soportar un régimen laboral de privilegio, corrupción e ineficiencia a costa del erario y en demérito de una profesión que debiera ser puntal para el desarrollo social y económico de México.
Lo lamentable es que los demás actores políticos entren al juego de la dirigente del SNTE cuando debería aprovecharse el momento para sepultar su influencia y las dañinas prácticas que representa, precisamente porque está debilitada su fuerza y en duda la posibilidad de control electoral como contraprestación a las dádivas típicas del corporativismo.
Ya el presidente Felipe Calderón manifestó su deseo por la jubilación política de la maestra por lo que mal haría su administración en ayudarle a congraciarse con su gremio, cediendo a la pretensión de aplazar o cancelar los procesos de evaluación de docentes.
Es la hora de poner freno a los chantajes. En algunas partes del país, el sindicato de maestros ha llegado al absurdo de acompañar su demanda contra las políticas de evaluación, con la exigencia y la protesta pública para que el jubilado pueda heredar su plaza a quien él quiera.
La coyuntura política no debe dar espacio a la claudicación de potestades e iniciativas que busquen la mejora en la educación, tarea impensable sin indicadores que midan los procesos de aprendizaje, tanto en alumnos como en maestros.
En la contienda presidencial los candidatos en general se han manifestado a favor de la Evaluación Universal, aunque no todos con la misma contundencia.
Así lo consideró la organización “Mexicanos Primero”, instancia que ubicó a Josefina Vázquez Mota, la candidata panista que a su paso por la Secretaría de Educación Pública tuvo roces con Elba Esther Gordillo, como la más contundente en su postura a favor del programa.
En tanto, Enrique Peña Nieto, abanderado de la coalición Compromiso por México (que aglutina al PRI y al PVEM), ha cuidado, según esa organización “no irse a pelear con los maestros por su posición de delantera” aunque sí dijo estar a favor de implementar mecanismos que mejoren la calidad de la educación.
El candidato de Nueva Alianza, Gabriel Quadri, tomó posición del “sí pero con las condiciones que establece el sindicato”, mientras que el aspirante de la alianza Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó “a favor de la Evaluación Universal y pidiendo un instituto autónomo para hacerlo”.
En ningún frente puede admitirse la tibieza para que el Estado recupere la rectoría en la educación ni tampoco es aceptable que el actuar en ese sentido esté condicionado al mero cálculo de una renta electoral para determinado partido.
En el escenario nacional hay condiciones para que las principales fuerzas y figuras políticas en contienda cierren filas a favor de la calidad educativa y tomen distancia de cualquier componenda o temor vinculado al ejercicio de poder de la maestra Gordillo.
Los electores y en general los ciudadanos de todo el país, hartos de que la grilla, la simulación, el conformismo, la protesta callejera o la comisión de tipo electoral se privilegien desde el SNTE y sus liderazgos en lugar de la práctica docente comprometida, seguramente valorarán un posicionamiento más decidido de todos.
No debe haber lugar para medias tintas cuando está en juego la construcción de una ciudadanía que se cultiva de manera especial en el aula –en complemento con la educación recibida en casa– y que es condición indispensable para que el país deje atrás sus atávicos rezagos.
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