Ciudad de México, 15 de marzo del 2012
Senador José González Morfín
Presidente de la Mesa Directiva del Senado
Diputado Guadalupe Acosta Naranjo
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
PRESENTES
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que representa a miles de trabajadores de la educación, DEMANDAMOS al Congreso de la Unión, escuche nuestra voz y se atienda las demandas que hemos expresado públicamente, inclusive en las reuniones con las Comisiones de Educación de ambas Cámaras, los pasados 7 y 21 de febrero, donde se firmaron sendas Minutas.
Señalamos, nuestro desacuerdo con la Minuta enviada por la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre del 2011, de una reforma a los artículos 12, 13 y 20 de la Ley General de Educación (LGE); así como el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la LGE del Senado con fecha 18 de octubre del 2011; con la pretensión de darle marco legal a la imposición de la Evaluación Universal a los Docentes; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, manifiesta su RECHAZO y DEMANDA la no aprobación de dichas reformas, PORQUE:
1. Antes que legislar apresuradamente y con eso, profundizar todavía más en una estrategia que tiene ya más de dos décadas de existencia, conviene hacer una evaluación a cargo de maestros, comunidades, estudiosos independientes, que puedan señalar con claridad cuáles son los efectos positivos y negativos de estos sistemas y de ahí derivar lecciones para futuras determinaciones.
2. Es urgente llevar la cuestión del mejoramiento de la educación a un DEBATE NACIONAL porque hasta ahora prácticamente todas las iniciativas de mejoramiento de la calidad de la educación basadas en la evaluación, han sido aprobadas a partir de funcionarios y grupos pequeños de expertos de la SEP o del sector privado, no pocos de ellos con nula experiencia en la práctica educativa y con poco conocimiento de las problemáticas locales.
3. Ampliar el círculo de discusión puede generar un material sumamente valioso para enriquecer la función legisladora del Congreso; por ello demandamos se abran foros de análisis y debate que confluyan en un gran Congreso Nacional Educativo, después de la realización de Congresos Estatales y Regionales que recojan las propuestas innovadoras y transformadoras de la educación en nuestro país.
4. En su forma presente estas modificaciones estarían invadiendo competencias que corresponden a aspectos laborales, debe apreciarse que la Ley General de Educación no debe ser plataforma para reformas laborales que generarían una evidente contradicción por la jerarquía constitucional del apartado B del artículo 123 de la Carta Magna.
5. Los compromisos internacionales que sustentan esta llamada Evaluación Universal (ver acuerdo con la OCDE) expresamente hablan de despedir a los maestros que no cumplan con el perfil señalado y darían el marco legal a la Alianza por la Calidad Educativa y a la pretensión de establecer el Servicio Profesional Magisterial.
6. Este tipo de evaluaciones aparecen en México como resultado de los acuerdos con organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial, OCDE) y cúpulas empresariales. Son iniciativas que, en muchas ocasiones, sólo trasplantan experiencias fracasadas de otros países.
7. Se trata de evaluaciones externas que no recogen críticamente las lecciones de más de setenta años de desarrollo de la educación y evaluación en México, y que no nacen de la lógica de una educación para todos y una evaluación en la que participan todos, sino de la lógica de formación de capital humano, de certificación y verificación industrial de la calidad.
8. No nacen como fruto de foros abiertos donde maestros, comunidades y estudiantes discuten y proponen alternativas para transformar la educación. Se decretan simplemente a partir de acuerdos cupulares como la Alianza por la Calidad Educativa y el Acuerdo para la Evaluación Universal de los Docentes.
9. Desde el comienzo de los años noventa del siglo pasado en México se establecieron procedimientos de evaluación y “recompensa” al magisterio y a los académicos de educación superior. Se trata de la Carrera Magisterial y la Carrera Académica como programas de estímulo a la “calidad educativa”. Casi 25 años después muy diversas evaluaciones realizadas inclusive por la SEP y por organismos evaluadores muestran que no se ha dado una mejoría significativa en el aprovechamiento de los estudiantes ni en otros indicadores de calidad académica de escuelas e instituciones. Incluso se detectan retrocesos en algunos periodos y en algunos niveles.
10. Una importante consecuencia de la manera como se generan y plantean estas iniciativas es que hasta este momento no se conocen los detalles del examen estandarizado, que está anunciada su aplicación a 700 mil docentes de primaria en todo el país, los días 23 y 24 de junio del 2012, definido a partir de la firma cupular del Acuerdo para la Evaluación Universal de los Docentes.
11. No se puede hacer a un lado la responsabilidad del Congreso frente a la educación. El argumento de que la manera como se va a interpretar las modificaciones y las iniciativas concretas que estarán respaldando no son asuntos de la incumbencia del Legislativo, no es correcta. Las facultades del Ejecutivo no anulan las del Congreso y este tiene como su encargo fundamental velar por el bien de la nación algo que no se cumple sólo con la emisión de leyes, sino con la consideración previa y cuidadosa de las implicaciones que traerá su aprobación, al traducirse en políticas públicas.
12. En este punto es particularmente importante recordar que, además, expresamente se otorga al Congreso de la Unión facultades constitucionales para llevar educación a los habitantes del país, incluso asumiendo directamente la operación de la educación. Como se señala, le corresponde “establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica…” (Fracción XXV, Art. 73). Con mayor razón puede también establecer o ver que se establezcan políticas concretas de cómo debe ser la educación y la evaluación en nuestro país.
13. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación propone una evaluación integral y plural, construida sobre la base de identidades múltiples que constituyen la identidad nacional. Una evaluación que surja desde las escuelas y regiones y converja a nivel estatal y nacional como parte de un proceso de recuperación de la educación desde abajo.
14. Demandamos una evaluación de todas las políticas educativas que se han aplicado en los últimos años y de los responsables de su ejecución, así como del presupuesto educativo, de los planes y programas, de las condiciones labores y de seguridad social de los trabajadores de la educación y no solo a los docentes y alumnos.
15. La aprobación de las modificaciones a la Ley General de Educación, menospreciando las protestas que se han manifestado, vendría a reforzar la imagen de la evaluación como un acto de gobierno vertical e impositivo, que no da oportunidad de instaurar procesos compartidos de información y discusión en los que los maestros y maestras –los primeros evaluadores- directamente participemos en el diagnóstico, diseño de soluciones y propuestas de evaluación.
16. Por todos estos elementos, EXIGIMOS LA CANCELACION DEFINITIVA DE LA ALIANZA POR LA CALIDAD EDUCATIVA, por ser anticonstitucional y antipedagógica y de sus instrumentos punitivos: Acuerdo para la Evaluación Universal de los Docentes y nuevos Lineamientos de Carrera Magisterial.
17. Ratificamos la plena vigencia del Artículo 3º Constitucional que establece la educación pública, democrática, gratuita y laica por lo que rechazamos las modificaciones al Artículo 24 Constitucional que pretende anular el estado laico.
Solicitamos al Congreso sea sensible a estas demandas y actué en consecuencia, como señaló José Martí: “La mejor manera de decir, es hacer”
¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS!
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
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